
RICARDO GUERRERO
O.
C.I.Nº 8.713.602
EL FUNCIONARIO
PUBLICO EN VENEZUELA
El día a día del cumplimiento de
nuestras funciones, hemos podido observar cómo algunos ciudadanos y ciudadanas
cuestionan la actividad de las funcionarias y los funcionarios públicos, muchas
veces por el suceso de hechos lamentables donde se pone en tela de juicio la
idoneidad y rectitud de los mismos. Tales objeciones son naturalmente
realizadas a altos funcionarios de la Administración Pública, al tal punto de
ser calificados como personas con prácticas “no éticas”, casi siempre, sin reserva.
Sin
embargo, para entender lo que debe ser un funcionario o funcionaria con ética y
moral, es necesario pasearse por el sentido real y acepción de estos términos,
los cuales tienden a ser confundidos. “La Ética y la Moral como buen
sentimiento”, expresara un aliento a la labor de aquel buen funcionario. Se
dice que no puede existir la ética sin la moral. La ética, como norma que
regula el correcto comportamiento de obrar del hombre, fundamentado en el
sentimiento y buena razón, debe estar acompañada de un claro juicio de lo que
es bueno, de lo que es correcto, de lo que es justo y de lo que es aceptable a
la moral de las acciones de los hombres. De allí podemos destacar que la ética
está íntimamente ligada a la moralidad como naturaleza intrínseca del hombre,
del buen corazón del ser humano, el cual debe formarse desde el hogar en el
legado de los buenos sentimientos transmitidos de los padres a los
descendientes, debe inculcarse en la ética que deben transmitir los maestros a
sus alumnos y debe continuar en el ejemplo que muestren los superiores a sus
subordinados, En definitiva, podemos señalar que son los sentimientos, la
bondad y la virtuosidad, las características que identifican a un individuo
como ético, circunscrito en regirse por principios y valores que resalten a una
determinada sociedad o grupo de ciudadanos o ciudadanas. Tan relevante es el
aspecto ético, que el articulo 2 de la Constitución de la Republica Bolivariana
de Venezuela señala que nuestro país se constituye como un Estado Democrático y
Social de Derecho y de Justicia, que defiende y ampara como valores supremos de
su ordenamiento jurídico y de su actuación, entre otros, los derechos humanos y
la ética.
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